EDITORIAL DE EL UNIVERSAL
26 de febrero de 2007
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/36866.html
Marcelo Ebrard cumple sus promesas de campaña: luchar contra el narcotráfico, el comercio de armas y las actividades ilícitas. Sería perfecto si para hacerlo cuidara de no abusar de su autoridad ni de atropellar los derechos ciudadanos. En Tepito las expropiaciones deben hacerse con el pago correspondiente y sin dejar a la intemperie a las familias honestas por combatir a sus vecinos que forman parte del crimen organizado.
Es ingenuo creer que para terminar con los actos delictivos en Tepito, y en todo el Distrito Federal, basta con cerrar los establecimientos donde ocurren los ilícitos. Las causas del crimen son mucho más complicadas y los capos importantes no necesariamente residen en vecindades del Centro de la ciudad, sino en los distritos residenciales más caros de México y por cierto del mundo entero.
En nombre del combate a esas actividades ilícitas, el Gobierno del Distrito Federal tiene en curso una acción en la que busca aplicar su facultad expropiatoria pero hasta ahora no lo ha hecho con apego a la letra constitucional que la condiciona a la utilidad pública y a la indemnización. Aunque despoja de sus guaridas a presuntos delincuentes le falta sensibilidad política para no dejar en la calle a familias honradas. Exhibiendo un grado de improvisación y un descuido del manejo político posterior al cumplimiento de lo que la sociedad define como el problema número uno de la ciudad: controlar la inseguridad
Hace dos semanas que la fuerza pública que depende del jefe de Gobierno entró a Tepito en busca de los delincuentes que se había apropiado edificio ubicado en Tenochtitlán 40, identificado incluso con el sobrenombre de La Fortaleza porque hasta ahí no llegaba la acción de la ley; las imágenes de Tepito parecen una réplica de lo que sucede en Israel con la política de "tierra arrasada": la demolición de casas de palestinos sospechosos que pueden pertenecer a los grupos armados.
En Jerusalén, igual que en la delegación Cuauhtémoc, las personas inocentes, revueltas entre los sospechosos, pueden llegar a ser públicamente estigmatizadas en perjuicio de su honor, simplemente por la ubicación geográfica de su domicilio. Esto es indeseable, toda generalización reduce los problemas.
La lucha franca contra la delincuencia en general en la ciudad de México, y contra el crimen organizado en particular en Tepito, no puede ser convertida en pretexto para hacer expropiaciones sin trabajo de inteligencia previo. No se combate a los que están fuera de la ley, violándola.
La expropiación está normada por un artículo constitucional, el 27; ahí radica su sustento. No debe abusarse de ella pues sería una amenaza contra todo patrimonio particular no sólo el de los delincuentes.
Conservar y fortalecer un frágil régimen jurídico, con respeto a los derechos sociales en todo el país, es prioritario porque sobran las historias en que autoridades no siempre responden al interés público con sus acciones. Hay tiempo de que Marcelo Ebrard revise cuidadosamente su estilo de gobernar. Tepito puede llegar a ser su marbete.
Es ingenuo creer que para terminar con los actos delictivos en Tepito, y en todo el Distrito Federal, basta con cerrar los establecimientos donde ocurren los ilícitos. Las causas del crimen son mucho más complicadas y los capos importantes no necesariamente residen en vecindades del Centro de la ciudad, sino en los distritos residenciales más caros de México y por cierto del mundo entero.
En nombre del combate a esas actividades ilícitas, el Gobierno del Distrito Federal tiene en curso una acción en la que busca aplicar su facultad expropiatoria pero hasta ahora no lo ha hecho con apego a la letra constitucional que la condiciona a la utilidad pública y a la indemnización. Aunque despoja de sus guaridas a presuntos delincuentes le falta sensibilidad política para no dejar en la calle a familias honradas. Exhibiendo un grado de improvisación y un descuido del manejo político posterior al cumplimiento de lo que la sociedad define como el problema número uno de la ciudad: controlar la inseguridad
Hace dos semanas que la fuerza pública que depende del jefe de Gobierno entró a Tepito en busca de los delincuentes que se había apropiado edificio ubicado en Tenochtitlán 40, identificado incluso con el sobrenombre de La Fortaleza porque hasta ahí no llegaba la acción de la ley; las imágenes de Tepito parecen una réplica de lo que sucede en Israel con la política de "tierra arrasada": la demolición de casas de palestinos sospechosos que pueden pertenecer a los grupos armados.
En Jerusalén, igual que en la delegación Cuauhtémoc, las personas inocentes, revueltas entre los sospechosos, pueden llegar a ser públicamente estigmatizadas en perjuicio de su honor, simplemente por la ubicación geográfica de su domicilio. Esto es indeseable, toda generalización reduce los problemas.
La lucha franca contra la delincuencia en general en la ciudad de México, y contra el crimen organizado en particular en Tepito, no puede ser convertida en pretexto para hacer expropiaciones sin trabajo de inteligencia previo. No se combate a los que están fuera de la ley, violándola.
La expropiación está normada por un artículo constitucional, el 27; ahí radica su sustento. No debe abusarse de ella pues sería una amenaza contra todo patrimonio particular no sólo el de los delincuentes.
Conservar y fortalecer un frágil régimen jurídico, con respeto a los derechos sociales en todo el país, es prioritario porque sobran las historias en que autoridades no siempre responden al interés público con sus acciones. Hay tiempo de que Marcelo Ebrard revise cuidadosamente su estilo de gobernar. Tepito puede llegar a ser su marbete.
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