Macario Schettino20 de febrero de 2007
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/36822.html
La semana pasada pudimos ver dos apli caciones de la ley poco comunes. Por un lado, el Senado aprobó una Ley para la Reforma del Estado, en que se obliga a sí mismo y a la Cámara de Diputados a llevar a cabo un proceso que durará un año. Por el otro, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció la expropiación de un predio en el que presuntamente se han cometido varios delitos, incluyendo narcotráfico. Son dos casos poco comunes, pero que además tienen mucha sombra del pasado.
La Ley para la Reforma del Estado es la menos extraña. Forma parte de una visión un poco anacrónica que es la legislación para la planeación. El máximo ejemplo que tenemos son los artículos 25 y 26 constitucionales, que dan lugar al llamado sistema de planeación democrática del desarrollo, un mecanismo que ya en los años 80, cuando se introdujo, era viejo.
La ley que aprobó el Senado la semana pasada obliga al Congreso a negociar creando cuerpos de apoyo para ello, seis puntos muy amplios que incluyen forma de gobierno, reforma electoral, federalismo, reforma del Poder Judicial, reforma hacendaria y garantías constitucionales.
El cuerpo supremo que coordinará la aplicación de la ley, como ocurre con los artículos constitucionales mencionados, busca incluir a todos, lo que normalmente resulta inoperante. Lo forman los presidentes de las dos cámaras, los líderes de las fracciones parlamentarias (que suman 13 personas) y el responsable de la Comisión de Reforma. Pero a este grupo, todo parlamentario, se sumarán los presidentes de los partidos políticos y una representación del Poder Ejecutivo, que no se aclara. Si nada más va uno, serán 25 personas. No son demasiados, pero tampoco son pocos. La Ley no contempla sanción alguna en caso de no cumplirse, ni tampoco criterios para saber si se cumplió o no, y también en eso se parece al sistema de planeación.
Sin embargo, con todos estos detalles, la idea en lo general no parece mala, y esperemos que los señores y señoras legisladores logren llegar a acuerdos en algunos de los puntos mencionados. Si ven que no les alcanza el tiempo, concéntrense en forma de gobierno y reforma hacendaria, lo demás puede resolverse después y no pasa nada.
La otra aplicación rara de la ley es la expropiación de un predio multifamiliar de Tepito en el que con cierta frecuencia hay problemas legales y que, según entrevista radiofónica, aparece como domicilio de más de 400 delincuentes en proceso. Es decir, todo indica que se trata de lo que la nota roja del medio siglo llamaba "nido de ratas". Sin embargo, la solución que propone el jefe de Gobierno, expropiar, no parece algo correcto.
La Constitución sostiene que nadie puede ser molestado en sus posesiones (artículo 16), ni puede haber una expropiación sin causa de utilidad pública (27). Ahí mismo se dice que la nación puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, lo que puede ser una buena excusa para expropiar el predio mencionado, o cualquier otro.
Aquí está precisamente el problema. Si una autoridad puede decidir qué expropia sin establecer con claridad la causa que beneficia a todos, o el cambio en el interés público que motiva una nueva modalidad de la propiedad, pues entonces todos estamos en problemas. Es por eso que si una autoridad quiere expropiar, debe aclarar estos puntos frente a un juez, que será quien decida si la expropiación procede y, en ese caso, el monto de indemnización que corresponda.
La idea de que el Poder Ejecutivo puede actuar arbitrariamente es algo muy instalado en nuestra mente. Son siglos de esta concepción que el régimen de la Revolución se encargó de mantener y profundizar. Tal vez por eso se aplaude tanto una acción del jefe de Gobierno que, aun cuando tenga muy buenas intenciones, resulta violatoria de las garantías de habitantes de la ciudad. Por cierto, también va en contra de los artículos 11, 12 y 17 de la Convención Universal de los Derechos Humanos.
Es muy posible que ésa deba ser la solución, pero hay un camino para alcanzarla, y es a través del Poder Judicial. No regresemos al caudillismo, por más catrín que parezca.
macario@macarios.com.mx
Profesor en la EGAP del ITESM-CCM
La Ley para la Reforma del Estado es la menos extraña. Forma parte de una visión un poco anacrónica que es la legislación para la planeación. El máximo ejemplo que tenemos son los artículos 25 y 26 constitucionales, que dan lugar al llamado sistema de planeación democrática del desarrollo, un mecanismo que ya en los años 80, cuando se introdujo, era viejo.
La ley que aprobó el Senado la semana pasada obliga al Congreso a negociar creando cuerpos de apoyo para ello, seis puntos muy amplios que incluyen forma de gobierno, reforma electoral, federalismo, reforma del Poder Judicial, reforma hacendaria y garantías constitucionales.
El cuerpo supremo que coordinará la aplicación de la ley, como ocurre con los artículos constitucionales mencionados, busca incluir a todos, lo que normalmente resulta inoperante. Lo forman los presidentes de las dos cámaras, los líderes de las fracciones parlamentarias (que suman 13 personas) y el responsable de la Comisión de Reforma. Pero a este grupo, todo parlamentario, se sumarán los presidentes de los partidos políticos y una representación del Poder Ejecutivo, que no se aclara. Si nada más va uno, serán 25 personas. No son demasiados, pero tampoco son pocos. La Ley no contempla sanción alguna en caso de no cumplirse, ni tampoco criterios para saber si se cumplió o no, y también en eso se parece al sistema de planeación.
Sin embargo, con todos estos detalles, la idea en lo general no parece mala, y esperemos que los señores y señoras legisladores logren llegar a acuerdos en algunos de los puntos mencionados. Si ven que no les alcanza el tiempo, concéntrense en forma de gobierno y reforma hacendaria, lo demás puede resolverse después y no pasa nada.
La otra aplicación rara de la ley es la expropiación de un predio multifamiliar de Tepito en el que con cierta frecuencia hay problemas legales y que, según entrevista radiofónica, aparece como domicilio de más de 400 delincuentes en proceso. Es decir, todo indica que se trata de lo que la nota roja del medio siglo llamaba "nido de ratas". Sin embargo, la solución que propone el jefe de Gobierno, expropiar, no parece algo correcto.
La Constitución sostiene que nadie puede ser molestado en sus posesiones (artículo 16), ni puede haber una expropiación sin causa de utilidad pública (27). Ahí mismo se dice que la nación puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, lo que puede ser una buena excusa para expropiar el predio mencionado, o cualquier otro.
Aquí está precisamente el problema. Si una autoridad puede decidir qué expropia sin establecer con claridad la causa que beneficia a todos, o el cambio en el interés público que motiva una nueva modalidad de la propiedad, pues entonces todos estamos en problemas. Es por eso que si una autoridad quiere expropiar, debe aclarar estos puntos frente a un juez, que será quien decida si la expropiación procede y, en ese caso, el monto de indemnización que corresponda.
La idea de que el Poder Ejecutivo puede actuar arbitrariamente es algo muy instalado en nuestra mente. Son siglos de esta concepción que el régimen de la Revolución se encargó de mantener y profundizar. Tal vez por eso se aplaude tanto una acción del jefe de Gobierno que, aun cuando tenga muy buenas intenciones, resulta violatoria de las garantías de habitantes de la ciudad. Por cierto, también va en contra de los artículos 11, 12 y 17 de la Convención Universal de los Derechos Humanos.
Es muy posible que ésa deba ser la solución, pero hay un camino para alcanzarla, y es a través del Poder Judicial. No regresemos al caudillismo, por más catrín que parezca.
macario@macarios.com.mx
Profesor en la EGAP del ITESM-CCM
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